El Consejo General de Agentes Comerciales de España, a través de su vicepresidente, Enric Enrech, ha participado en la IV Cumbre Político-Empresarial celebrada en abril en Madrid bajo el lema “Cumplimiento de las promesas electorales en materia de morosidad”. El encuentro, que fue inaugurado por Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, y clausurado por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, contó con la participación de organizaciones empresariales y representantes de todos los partidos políticos.
Durante la Cumbre Político-Empresarial, organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, se ha puesto de relieve los efectos tan negativos que la situación de morosidad y de dilación en los pagos provocan en autónomos como los agentes comerciales y en las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, lo que les obliga a quintuplicar sus necesidades de financiación frente a las empresas de los restantes países europeos, lo que les hace perder competitividad.
Como consecuencia de ello, la alta tasa de morosidad que soporta la economía española ha provocado que durante la crisis hayan desaparecido una de cada tres pequeñas y medianas empresas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
Cabe recordar que tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo en todo caso que el plazo de pago máximo supere los 60 días. Sin embargo, en la práctica la falta de un régimen sancionador que penalice la falta de pago en dichos plazos, ha supuesto en la práctica un incumplimiento generalizado de dicha ley.
Así, es especialmente significativo el abuso en los plazos de pagos que se lleva a cabo en el sector de la construcción, con records de hasta 563 días de demora por parte de algunas empresas constructoras. En el caso de las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 de la Bolsa, su plazo medio de pago es de 183 días.
Para luchar contra dicha lacra, los representantes de los diferentes grupos políticos de todo el arco parlamentario se han comprometido a aprobar con carácter inmediato un régimen sancionador que corrija dichas prácticas abusivas.
Para el presidente de esta Plataforma Empresarial, Antoni Cañete, “un régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad. Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.
En su opinión, “la cumbre ha sido un escenario perfecto para el debate y los compromisos para con la sociedad civil”, después de que hace unas semanas el Congreso de los Diputados aprobara, con el voto favorable del 99% de la Cámara, una Proposición No de Ley para la implantación de un régimen sancionador contra la morosidad.